No se trata de matar al mensajero, sino de poner fin a una práctica mafiosa que permite la comisión de delitos que causan un irreparable daño a muchos ciudadanos. Me refiero amigos blogueros a la iniciativa llevada a cabo por el PP denunciando las filtraciones –siempre son interesadas y casualmente en una única dirección ideológica- habidas en el caso que entre muflón y muflón va instruyendo el juez Garzón.
Federico Trillo presentó las portadas del diario El País como pruebas de estas filtraciones. Contra lo que quieran contarnos ahora desde el diario gubernamental, no se trata de cercenar la libertad de expresión, sino de investigar el camino por el que estas filtraciones se han realizado con el fin de identificar a los autores de un delito claramente tipificado en nuestra legislación. En mi opinión –ya os lo comentaba hace un par de días- el CGPJ en vez de dedicarse a ver como contenta al gobierno argumentando contra la huelga de los jueces debería prestar mucha más atención a asuntos como el del juez Garzón. El y todos los funcionarios relacionados con el caso deberían ser suspendidos cautelarmente en tanto en cuanto se localiza la “garganta profunda”.
Solo para quienes hemos vivido –y continuamos padeciéndolo- una actuación de esta calaña es imaginable el daño que recibes. La sensación de indefensión –la indefensión real ante la vida civil- que produce el ser condenado por determinados medios de comunicación –alguno de ellos en un facineroso uso del lenguaje, para no pillarse los dedos ante una posible denuncia pero ignorando lo punible de su expresión, hablan de presunto delincuente- es absoluta y solo llevadera a través de la tranquilidad de conciencia y el apoyo de los que te quieren.
Los jueces, sus órganos de gobierno y la sociedad no podemos seguir permitiendo esa masacre, esa falta de garantías jurídicas, ese pasarse por el arco del triunfo derechos fundamentales por parte de algunos miembros de la administración de justicia y para ello los medios de comunicación, que reciben el resultado del delito y contribuyen a su difusión, deben someterse a la ley y en este asunto no hay mejor forma de hacerlo que obligándoles a mencionar las delictivas fuentes de las que han bebido.
No son en este caso “gargantas profundas” al estilo Watergate, ni nos encontramos ante periodistas como los famosos Carl Bernstein y Bob Woodward del Washington Post que terminaron con la carrera política de Richard Nixon.
La situación es diametralmente opuesta, no son periodistas que pongan en conocimiento de la justicia algo investigado por ellos, para que sea instruido y juzgado. Aquí se trata de que por amistad –vamos a suponer que así se mueven en este asunto y que no hay euros, favores o trueques por medio- alguien de la administración de justicia pasa partes de una instrucción a la prensa –siempre a la misma prensa- para que sean aireadas y cumplan tres objetivos. La condena pública del que va a ser imputado y todos los que pasaban por allí, la aparición estrella del juez que se puede permitir cacerías que cuestan el salario de medio año de un parado por escopeta y el pingüe negocio económico del periódico o el medio de comunicación que ha tenido la filtración. Y además como el asunto atañe a un partido político –siempre al mismo partido político- un perjuicio en su credibilidad ante los ciudadanos difícil de evaluar pero cierto.
¿No debería tomar cartas en un asunto tan repugnante como este la Audiencia Nacional (es de suponer que en el reparto no le tocase al “juez natural” al que “naturalmente” le tocan todos estos escabrosos asuntos), el Consejo General del Poder Judicial y hasta el mismo Parlamento Español?
En este país y en este momento yo no siento como ciudadano que estén garantizados los derechos que me reconoce la Constitución Española y las distintas leyes que conforman nuestro marco legislativo. Lo diga Garzón, el rojo Bermejo o Rita la cantaora.
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