martes, 31 de julio de 2007

Trabajo excesivo


Hace ahora un año Galicia ardía por los cuatro costados. Entonces el Ministro Rubalcaba –el que decía que los españoles queremos un gobierno que no nos mienta tras los atentados del 11M- decía que los incendios en Galicia eran provocados, dejando en el aire dos ofensivas dudas. Que el PP pudiera estar tras tamaña desgracia medioambiental, o que los gallegos éramos gente tendente al desequilibrio mental (recordad que el Director General de Tráfico insistía recientemente en esta segunda tesis).

Ni una ni otra insinuación –por imposibles- adquirió carta de naturaleza, pero Rubalcaba aún no nos ha pedido disculpas por aquello. Eso no lo saben hacer.

Ahora están ardiendo las Canarias. Rubalcaba –al menos de momento- no ha ladrado con insidias similares a las de hace un año. Lo que no ha cambiado ha sido la falta de previsión del gobierno de España para disponer lo necesario para atajar situaciones como la vivida hace un año o como la que en estos momentos viven en las islas. Se puso entonces de manifiesto la necesidad de crear un dispositivo nacional capaz de intervenir en situaciones como la vivida en 2006 y, 365 días después, la incapacidad para atajar las llamas devastadoras es patente.

¿Es posible que el gobierno de Zapatero haya estado tan ocupado, que haya tenido tantísimo trabajo, como para no poder atender a la creación y puesta en marcha de ese organismo coordinador? Está claro que las comunidades autónomas por sí solas no tienen capacidad para atender a este tipo de desastres y está claro que hace un año esto ya estaba claro. ¿Entonces? Zapatero y su gobierno no han provocado los incendios de Canarias, pero la falta de medios adecuados para combatirlos sí es responsabilidad suya. Después de lo de Guadalajara y lo de Galicia ya no había lugar para las imprevisiones.

Desde luego no pueden achacar la inexistencia del mencionado organismo de coordinación al exceso de trabajo realizado en este pasado año para derrotar a ETA.

Me resulta cuanto menos curiosa la lectura que algunos sacan del mandato obtenido de los ciudadanos en las urnas. Algunos piensan –no sé por qué me sorprende, cuando en realidad siempre han actuado así- que de las urnas uno puede extraer licencia para saltarse la ley a la torera. Tal es el caso del alcalde de Aranjuez Jesús Dionisio. El que antes de las elecciones dejase sobre la mesa la adjudicación de unos terrenos municipales a empresas vinculadas con sus amigos socialistas, comentando que haría la adjudicación tras las elecciones, significa para él que los ciudadanos –al darle la mayoría necesaria para gobernar- están apoyándole para que adjudique tan arteramente.

¿De qué ubres democráticas habrá bebido este señor? Me parece muy oportuna la denuncia pública realizada por el PP de Aranjuez, igual que me parecerá oportunísima la decisión de llevar este asunto a los tribunales. Huele mal, muy mal esta adjudicación porque, tal y como denuncia la Portavoz popular, detrás de las empresas adjudicatarias existe todo un entramado de relaciones societarias vinculadas a conocidos amigos políticos del alcalde de Aranjuez.

Lamentablemente no es el único hecho que sitúa al gobierno del alcalde Dionisio en el lado oscuro. La obra de la nueva Comisaría conjunta, con su reformado a toro pasado y su altura excesiva, es otro buen ejemplo de lo poco que a este señor le importa el cumplimiento de la ley. A lo mejor, como hizo una jornada de puertas abiertas de la mencionada comisaría durante la campaña electoral pasada, considera que los ciudadanos también le han dado con su voto el poder para mantener esa ilegalidad. Está este tema en los tribunales de la mano de particulares y yo espero que la oposición municipal –que ha votado en contra del reformado- ponga las cosas en su debido lugar acudiendo también a los tribunales. No se trata de judicializar la vida política, sino de impedir que el rodillo que ya utilizaron hace años esté por encima de la ley.

Hoy el CIS nos dice que el PSOE aventaja al PP en intención de voto en 3’5 puntos. Nos dice también que Durán Lleida es el segundo político más valorado. ¿Habrán salido a la calle a preguntar?

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